La revisión de 2026 del T-MEC dejó de ser un trámite técnico y comenzó a perfilarse como una de las pruebas más delicadas para la relación...
La revisión de 2026 del T-MEC dejó de ser un trámite técnico y comenzó a perfilarse como una de las pruebas más delicadas para la relación entre México, Estados Unidos y Canadá. A unos meses de la fecha clave del 1 de julio, el debate ya no gira solo en torno a comercio e inversión, sino también a certidumbre regulatoria, presiones arancelarias y al margen político que tendrá cada gobierno para defender sus intereses sin desfondar el principal acuerdo económico de América del Norte.
El punto de mayor preocupación para el sector privado mexicano es claro: evitar que la revisión se convierta en una renegociación profunda. De acuerdo con los resultados de las consultas públicas presentados por la Secretaría de Economía, en las que participaron casi 2,900 empresarios e industriales, existe un amplio consenso a favor de mantener el tratado, fortalecer su aplicación y corregir distorsiones, pero sin reabrir sus capítulos centrales. Las inquietudes más repetidas fueron los aranceles unilaterales de Estados Unidos, las reglas de origen, la asimetría en el mecanismo laboral de respuesta rápida y los costos técnicos y administrativos que hoy dificultan la operación del acuerdo.
La razón de fondo es económica, pero también política. Para México, el T-MEC sigue siendo la principal plataforma de exportación y una pieza crítica para la atracción de inversión: alrededor de 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino el mercado estadounidense. Por eso, la discusión sobre el tratado se ha convertido en una discusión sobre el modelo de crecimiento del país, el futuro del nearshoring y la capacidad del gobierno para ofrecer certeza en medio de un entorno internacional más proteccionista.
Del lado estadounidense, la revisión avanza en un clima menos favorable que el previsto cuando el acuerdo entró en vigor en 2020. La USTR abrió desde septiembre de 2025 un proceso formal de consulta pública para recabar comentarios sobre el funcionamiento del tratado, con énfasis en cumplimiento, clima de inversión, competitividad regional y reducción de dependencias frente a economías no de mercado. En paralelo, funcionarios de Washington y Ciudad de México acordaron iniciar conversaciones formales sobre posibles ajustes, incluyendo reglas de origen más estrictas para ciertos bienes industriales y una agenda para reforzar cadenas regionales de suministro.
Ese proceso, sin embargo, está atravesado por una variable política ineludible: Donald Trump. El presidente estadounidense ha vuelto a cuestionar públicamente la utilidad del tratado y ha mantenido una línea de presión comercial incluso sobre bienes que cumplen con las reglas del T-MEC. Reuters reportó en enero que, pese al optimismo del gobierno mexicano sobre una extensión del acuerdo, persiste la expectativa de que continúen los aranceles al acero, aluminio y automóviles, lo que debilita en la práctica varios de los beneficios del pacto. En otras palabras, la revisión no solo evaluará el texto del tratado, sino la voluntad real de Washington de respetar su espíritu.
La arquitectura legal del acuerdo introduce otro elemento de presión. El artículo 34.7 establece que, en esta revisión sexenal, las partes deben confirmar por escrito si desean extender el tratado por otros 16 años. Si no lo hacen, el T-MEC no desaparece de inmediato, pero entra en un esquema de revisiones anuales, un escenario que numerosos sectores consideran equivalente a una erosión permanente de la certidumbre. Ese riesgo explica por qué parte del empresariado ha pedido concentrarse en mejorar la implementación del tratado, no en abrir un proceso impredecible que termine dañando la integración regional.
En ese contexto, la revisión del T-MEC se perfila como mucho más que una mesa comercial. Para el gobierno de Claudia Sheinbaum, será una prueba de capacidad negociadora frente a una Casa Blanca más agresiva y ante la presión de preservar inversión, empleo y cadenas manufactureras. Para Estados Unidos, será una oportunidad de endurecer condiciones en áreas sensibles como contenido regional, reglas de origen y competencia frente a Asia. Para los mercados, en cambio, el mensaje es más simple: si el acuerdo sale fortalecido, América del Norte gana cohesión; si entra en una lógica de incertidumbre prolongada, el costo no será solo comercial, sino también político e industrial para toda la región.
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