A menos de tres meses del arranque de la Copa Mundial de 2026 , la discusión sobre México como sede dejó de centrarse únicamente en estadios...
La preocupación se intensificó después de la ola de violencia registrada en Jalisco tras la caída de “El Mencho”, un episodio que obligó al gobierno mexicano a salir públicamente a defender la viabilidad del torneo. El 24 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no existía “ningún riesgo” para los aficionados que visiten México durante la justa, mientras el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo sentirse “muy tranquilo” respecto a las sedes mexicanas. El mensaje político fue claro: evitar que la crisis de seguridad se convirtiera en una crisis de confianza internacional.
Sin embargo, la narrativa oficial convive con advertencias más matizadas desde el exterior. El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene para Ciudad de México y Nuevo León la recomendación de “exercise increased caution” por terrorismo y crimen, mientras que para la capital mexicana advierte delitos violentos y no violentos, así como la necesidad de extremar precauciones fuera de zonas turísticas, sobre todo por la noche. Canadá, por su parte, habilitó una guía específica para el Mundial en México y recomienda revisar avisos actualizados, reservar con anticipación y evitar los cruces terrestres con Estados Unidos por la actividad criminal y la violencia en zonas fronterizas.
Ese contraste revela el verdadero problema político: el gobierno mexicano no solo debe garantizar seguridad, sino también administrar la percepción de riesgo de los mercados emisores de turistas. De acuerdo con Expansión, el sector público y el privado pusieron en marcha una estrategia de comunicación dirigida a Estados Unidos y Canadá para sostener la confianza en la marca México, difundir información verificada y responder con rapidez a versiones incorrectas sobre inseguridad o desorganización. La meta no es menor: blindar la narrativa del país justo cuando el Mundial se perfila como un catalizador de inversión, consumo y exposición internacional.
La respuesta institucional se ha movido también en el frente operativo. En la capital, el C5 informó que espera llegar a 119 mil cámaras antes del Mundial, con refuerzos específicos en corredores turísticos, zonas de hospedaje, áreas deportivas y los alrededores del estadio sede. Según esa misma estrategia, la coordinación incluye a la FIFA, la Secretaría de Turismo, cuerpos de seguridad y sistemas de transporte, con la idea de construir una cobertura más preventiva que reactiva. La señal política busca mostrar que el evento será tratado como una operación integral de ciudad y no solo como un dispositivo de seguridad de estadio.
En paralelo, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México ha intentado contener otra fuente de incertidumbre: la idea de que hay cancelaciones masivas o desorden en el hospedaje rumbo al torneo. En un posicionamiento oficial del 4 de marzo, rechazó esas versiones, afirmó que mantiene coordinación con FIFA México, Host City, el estadio y asociaciones hoteleras, y sostuvo que la capital cuenta con más de 63 mil habitaciones en alrededor de 800 hoteles. Incluso aseguró que los datos de inteligencia turística muestran un aumento sostenido del interés por viajar a las ciudades sede, con búsquedas de viaje que crecieron más de 35% para el periodo previo al torneo.
En el fondo, el debate sobre el Mundial 2026 en México ya no se limita a si habrá partido inaugural o estadios listos. La verdadera prueba está en si el país puede convertir un evento global en una demostración de capacidad estatal, coordinación turística y control de daños reputacionales frente a la inseguridad. El Mundial ofrecerá exposición inédita, pero también escrutinio inédito. Y en ese escaparate, México no solo se juega goles y visitantes: se juega parte de su imagen internacional ante gobiernos, inversionistas y millones de viajeros.
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