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La aparición de una presunta narconómina atribuida al entorno de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, abrió un nuevo frente político para el gobierno de Pablo Lemus en Jalisco. Documentos publicados por El Universal señalan que, solo en diciembre de 2025, el CJNG habría destinado 456 mil pesos a tres corporaciones de la Secretaría de Seguridad estatal, entre ellas la Policía Estatal de Caminos, un cuerpo impulsado en la actual administración. El dato no solo coloca el foco en posibles redes de colusión policial, sino que también golpea el principal activo político de cualquier gobierno estatal: la credibilidad de su estrategia de seguridad.
De acuerdo con esa información, los registros atribuyen 40 mil pesos a la Estatal de Caminos, 400 mil a la Policía Estatal —identificada en la nota como “Los Negros”— y 16 mil a la Policía Vial. El reportaje ubica además pagos en municipios como Cocula, Acatlán de Juárez y Sayula, mientras que otra entrega de la misma investigación sostiene que la FGR ya seguía desde noviembre de 2025 la pista de estas listas y que su indagatoria contemplaba presuntos vínculos con autoridades municipales, estatales, federales e incluso personal de la propia fiscalía. Es decir, el caso rebasa la dimensión local y apunta a una posible red de corrupción de mayor alcance institucional.
El componente político más delicado radica en que la Policía Estatal de Caminos fue presentada por Lemus como parte de su apuesta para reforzar la vigilancia carretera en Jalisco. La propia convocatoria oficial de reclutamiento la define como una “nueva fuerza policial”, y la cobertura reciente coincide en que su creación fue una de las promesas de campaña del hoy gobernador. Por ello, aunque los documentos difundidos no constituyen por sí mismos una sentencia judicial, el solo hecho de que esa corporación aparezca mencionada en los registros del CJNG coloca a la administración estatal ante una crisis de imagen y control interno.
La reacción del gobierno jalisciense ha sido cautelosa. Este 12 de marzo, el coordinador general estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón, sostuvo que la publicación genera preocupación, pero subrayó que la indagatoria principal debe ser federal y que, en el ámbito local, por ahora solo proceden revisiones internas y evaluaciones de control de confianza. También insistió en que la presencia de nombres o corporaciones en listas extraoficiales no equivale automáticamente a prueba de culpabilidad, una precisión relevante en un caso donde el costo político corre más rápido que el judicial.
Ese matiz importa porque el episodio ocurre en un momento especialmente sensible para Jalisco y para el país. Tras la caída y muerte de “El Mencho” en febrero, la entidad quedó bajo una fuerte presión por el reacomodo interno del CJNG, los estallidos de violencia y el escrutinio sobre el alcance real de la infiltración criminal en autoridades locales. En ese contexto, la presunta narconómina deja de ser solo una historia policial: se convierte en un indicador político sobre la profundidad con la que el crimen organizado puede penetrar estructuras estatales, incluso en corporaciones recientemente creadas o relanzadas.
Para Lemus, el problema no es únicamente legal, sino narrativo e institucional. Si el caso avanza y se confirma la autenticidad de los documentos, la oposición podrá presentar el episodio como evidencia de que la renovación institucional prometida no logró blindar a las corporaciones de seguridad. Si no avanza con rapidez o claridad, el riesgo será otro: que la percepción pública se asiente en la idea de impunidad o de falta de capacidad para depurar cuerpos policiales. En ambos escenarios, la presión política se concentra en la misma pregunta: si el gobierno estatal tiene realmente control sobre las fuerzas que presume como parte de su modelo de seguridad.
Visto en perspectiva, la discusión de fondo no es solo si una policía creada bajo el actual gobierno apareció o no en registros criminales, sino qué revela eso sobre la fragilidad institucional frente al narcotráfico. La investigación aún debe probarse en tribunales y la última palabra la tendrá la autoridad ministerial. Pero en términos políticos, el daño ya está abierto: la seguridad pública vuelve a ser el terreno donde se mide la fortaleza de los gobiernos locales, y en Jalisco esa medición hoy pasa por esclarecer si la presunta nómina del CJNG fue un hecho aislado, una red extendida o un síntoma más profundo del nivel de infiltración del crimen en el aparato estatal.
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