El sistema judicial mexicano enfrenta un creciente cuestionamiento debido a presuntos casos de corrupción que han puesto en entredicho su ...
El sistema judicial mexicano enfrenta un creciente cuestionamiento debido a presuntos casos de corrupción que han puesto en entredicho su imparcialidad y eficacia. Ejemplos sobran, como la liberación de María Eva N., madre de “El Marro”, líder del Cártel Santa Rosa de Lima, y la polémica absolución de José Ángel N., “El Mochomo”, vinculado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La presunta influencia de intereses criminales sobre decisiones judiciales persiste.
La falta de medidas efectivas para garantizar la transparencia en la actuación de jueces y magistrados incrementó la desconfianza ciudadana y evitó que hubiera una defensa social del Poder Judicial, hoy reformado.
Las irregularidades que tuvo el Poder Judicial no son nuevas. Entre 2012 y 2018, al menos 11 jueces y magistrados fueron destituidos por actos de corrupción, mientras que otros 50 fueron suspendidos, 13 sancionados y 58 advertidos de posibles consecuencias legales. Sin embargo, la problemática persiste, como lo demuestran las investigaciones en curso contra 12 jueces de Coahuila y Nayarit, presuntamente involucrados en una red de fraude hipotecario. A ello se suman 62 casos adicionales en proceso de resolución, lo que revela la dimensión del problema.
A pesar de los esfuerzos de los órganos de control judicial, los mecanismos de supervisión continúan mostrando deficiencias en la prevención y sanción de estas prácticas. La obtención tardía de órdenes de aprehensión, como en el caso del exfuncionario Tomás Zerón, actualmente prófugo, es una muestra de las debilidades estructurales del sistema que recientemente fue reformado. La falta de una rendición de cuentas efectiva y la influencia de intereses externos siguen siendo desafíos clave para la credibilidad de la justicia en México.
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