El diseño del Presupuesto 2026 se perfila como una de las pruebas más relevantes para la conducción económica del país. Con un entorno inte...
El diseño del Presupuesto 2026 se perfila como una de las pruebas más relevantes para la conducción económica del país. Con un entorno internacional de menor dinamismo, tasas de interés aún elevadas y presiones estructurales en el gasto público, la discusión presupuestaria trasciende el plano técnico y se convierte en una señal directa para inversionistas, calificadoras y organismos multilaterales. El equilibrio entre disciplina fiscal y sostenimiento de prioridades sociales marcará el tono del debate en el Congreso.
El punto de partida es un déficit que en años recientes se amplió para financiar proyectos estratégicos y programas sociales. La expectativa ahora gira en torno a una consolidación fiscal gradual, es decir, una reducción ordenada del déficit sin recurrir a ajustes abruptos que comprometan la actividad económica. En este contexto, la trayectoria de la deuda pública como proporción del PIB será observada con especial atención por los mercados financieros, que evalúan la sostenibilidad de mediano plazo más allá del ciclo político.
En el frente de los ingresos, el gobierno enfrenta el desafío de fortalecer la recaudación tributaria sin plantear, hasta ahora, una reforma fiscal estructural. La estrategia ha descansado en mayor fiscalización, digitalización del SAT y combate a la evasión. Sin embargo, la desaceleración económica podría limitar el crecimiento natural de la base gravable, lo que obliga a revisar supuestos de ingresos petroleros, tipo de cambio y crecimiento. La prudencia en las estimaciones será clave para evitar desviaciones durante el ejercicio fiscal.
Del lado del gasto, el margen de maniobra es acotado. Los compromisos en pensiones, transferencias sociales y costo financiero de la deuda absorben una proporción creciente del presupuesto. A ello se suman presiones en salud, educación e infraestructura, sectores donde recortes excesivos podrían afectar el crecimiento potencial. El debate no solo es cuánto gastar, sino cómo priorizar con mayor eficiencia, evitando duplicidades y mejorando la evaluación de resultados.
El mercado también observa la asignación hacia inversión pública productiva, particularmente en energía, transporte y logística. Una reducción significativa en este rubro podría impactar el atractivo del país en el contexto del nearshoring, mientras que un aumento sin fuentes claras de financiamiento podría generar dudas sobre la sostenibilidad fiscal. El equilibrio entre impulso al crecimiento y responsabilidad macroeconómica será determinante.
Otro elemento central es la relación entre el presupuesto federal y las entidades federativas. Las participaciones y aportaciones influyen directamente en la capacidad operativa de estados y municipios, muchos de los cuales enfrentan presiones financieras propias. Un ajuste en transferencias podría tensionar finanzas locales y afectar proyectos de infraestructura regional, seguridad y servicios básicos.
En este escenario, el Presupuesto 2026 no solo definirá prioridades de política pública, sino que enviará una señal sobre la visión económica del gobierno para el mediano plazo. Más allá de montos específicos, los mercados evaluarán la consistencia entre discurso y cifras, la transparencia en los supuestos macroeconómicos y la capacidad de cumplir metas fiscales. La credibilidad presupuestaria, en última instancia, se convierte en un activo estratégico para la estabilidad financiera del país.
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