El Plan B de la reforma electoral de Claudia Sheinbaum llegó al Senado con la intención de corregir el tropiezo legislativo de marzo, pero...
El Plan B de la reforma electoral de Claudia Sheinbaum llegó al Senado con la intención de corregir el tropiezo legislativo de marzo, pero terminó exhibiendo otra vez las tensiones internas de la coalición oficialista. La discusión prevista para este 23 de marzo de 2026 fue aplazada en comisiones porque la iniciativa requiere cambios de fondo en dos puntos especialmente sensibles: la integración de los ayuntamientos y las reglas de la revocación de mandato. Más que un retraso técnico, el episodio revela que la presidenta todavía necesita reconstruir consensos incluso con sus aliados más cercanos.
El primer nudo está en las regidurías. La propuesta presidencial plantea que los municipios tengan entre siete y 15 regidores, con una sola sindicatura, como parte de un recorte al costo de la política local. El problema es que varias constituciones estatales hoy permiten cabildos más pequeños, de tres a cinco integrantes, de modo que aplicar sin ajustes el nuevo piso constitucional podría producir el efecto contrario al prometido: aumentar el número de cargos y, con ello, el gasto en algunos ayuntamientos. Esa contradicción obligó a Morena a revisar la redacción para evitar que una reforma presentada como austeridad termine vulnerando el federalismo o encareciendo estructuras municipales.
El segundo foco de conflicto es la revocación de mandato. El Plan B propone modificar el artículo 35 constitucional para que la consulta pueda realizarse el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, lo que abre la puerta a que coincida con las elecciones federales y locales de 2027. Para Morena, esa concurrencia permitiría ahorrar recursos y fortalecer los mecanismos de democracia directa; para el PT, en cambio, implicaría mezclar la continuidad presidencial con la competencia electoral ordinaria, algo que podría alterar los equilibrios de la contienda y beneficiar de forma desproporcionada al partido en el poder.
La resistencia petista no es menor porque el oficialismo no tiene margen de sobra en la Cámara alta. Morena cuenta con 67 escaños y necesita llegar a 86 votos para aprobar una reforma constitucional, de modo que cualquier fisura con el PT o el PVEM puede descarrilar la iniciativa. De hecho, El País reportó que basta con que dos legisladores aliados se aparten de la disciplina de bloque para poner en riesgo la mayoría calificada. Por eso la negociación de estas horas ya no se limita al contenido del dictamen: también pone a prueba la capacidad real de Ignacio Mier para sostener la cohesión de la alianza gobernante tras el fracaso del primer proyecto en la Cámara de Diputados.
Ese desgaste se vuelve más significativo porque el oficialismo ya había intentado blindarse políticamente. El 13 de marzo, Morena, PT y PVEM firmaron un acuerdo para votar en bloque a favor del Plan B en el Congreso y en los congresos locales necesarios para su aprobación. El documento incluyó, incluso, compromisos adicionales como impulsar una reducción de 15% al gasto del Senado y promover públicamente la reforma. Sin embargo, la firma no eliminó las diferencias de fondo, y la discusión sobre la revocación dejó claro que la lealtad legislativa de los aliados sigue condicionada a sus propios cálgenes electorales rumbo a 2027 y 2030.
En el plano político, el atasco del Senado demuestra que el Plan B no es solo una reforma de ahorro administrativo, sino una disputa sobre el control de la agenda electoral futura. La propuesta de reducir regidores, topar el gasto de los congresos locales, limitar salarios en órganos electorales y facilitar una súper elección en 2027 tiene implicaciones directas para la operación territorial de partidos y gobiernos. De ahí que la discusión se haya cargado de sospechas: la oposición ve una tentativa de concentración de poder, mientras los aliados del oficialismo buscan evitar que el rediseño termine debilitando sus espacios de negociación.
A corto plazo, Morena confía en que las comisiones destraben el dictamen y lo lleven al pleno el 25 de marzo. Pero, aun si eso ocurre, la señal política ya quedó instalada: la presidenta puede imponer el ritmo del debate público, pero no necesariamente el cierre de las negociaciones parlamentarias. El verdadero significado del atasco es ése: el Plan B se volvió un examen de fuerza para la coalición oficialista, y su desenlace dirá menos sobre el ahorro prometido que sobre la capacidad de Sheinbaum para ordenar a sus aliados en la primera gran batalla electoral de su sexenio.
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