El derrame de hidrocarburos en el Golfo de México entró en una nueva fase de tensión política y empresarial después de que Eni México rech...
El derrame de hidrocarburos en el Golfo de México entró en una nueva fase de tensión política y empresarial después de que Eni México rechazó cualquier vínculo con la contaminación que ha afectado costas de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas. La petrolera italiana respondió así a las versiones que comenzaron a circular en medio de una investigación todavía abierta, donde el origen del crudo sigue sin definirse de manera concluyente. La negativa de Eni no resuelve el fondo del problema: el país sigue sin una explicación definitiva sobre una contingencia ambiental que ya escaló a terreno penal y reputacional.
La postura oficial más reciente había apuntado en otra dirección. El 26 de marzo, autoridades federales, encabezadas por la Secretaría de Marina, sostuvieron que la contaminación habría sido causada por una combinación de vertimiento de un buque petrolero y emanaciones naturales del lecho marino, al tiempo que descartaban, en ese momento, una falla confirmada en infraestructura petrolera. En paralelo, Pemex informó que realizaba inspecciones submarinas para descartar daños estructurales en sus instalaciones, mientras la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, afirmó que el daño no era “severo”.
Sin embargo, esa versión comenzó a ser cuestionada por organizaciones ambientales y por nueva información periodística. AP reportó que 17 colectivos, entre ellos Greenpeace México y CEMDA, acusaron al gobierno de ocultar el verdadero origen del derrame y sostuvieron, con base en imágenes satelitales, que la mancha habría aparecido desde febrero en torno a un ducto de Pemex. Esos grupos afirman que el buque Árbol Grande, especializado en reparación de ductos, estuvo en la zona crítica antes de que las autoridades reconocieran públicamente la emergencia.
La controversia creció aún más con la información publicada por El País, según la cual el Árbol Grande permaneció casi 200 horas sobre el ducto Old AK C, que conecta el campo de Cantarell con la terminal marítima de Dos Bocas. Pemex respondió que la presencia de esa embarcación no implica por sí misma la existencia de una fuga y aseguró que el barco realiza tareas preventivas e inspecciones permanentes en la zona. Pero la petrolera estatal no explicó con claridad por qué estuvo detenida tanto tiempo justo en el punto donde imágenes satelitales muestran una mancha de decenas de kilómetros cuadrados.
Mientras el debate sobre responsabilidades sigue abierto, el impacto material del derrame ya es inocultable. Reuters y La Jornada documentaron que el hidrocarburo ha afectado cientos de kilómetros de costa, ha golpeado actividades pesqueras y turísticas, y ha obligado a desplegar un operativo de gran escala con miles de elementos, decenas de embarcaciones, aeronaves, drones y barreras de contención. La ASEA presentó además una denuncia penal ante la FGR por posibles delitos ambientales, lo que eleva el caso del terreno administrativo al judicial.
El gobierno de Claudia Sheinbaum intenta contener el costo político con una estrategia de dos tiempos: mantener la tesis de que aún no hay una fuga confirmada en instalaciones petroleras, y al mismo tiempo prometer un informe actualizado sobre las causas del derrame. Este 1 de abril, la presidenta adelantó que se han revisado cientos de pozos en la zona de Cantarell y que una de las hipótesis sigue siendo la de las chapopoteras naturales. Esa cautela oficial busca evitar una atribución prematura de responsabilidades, pero también refleja el peso político que tendría confirmar una falla en infraestructura energética del Estado.
Más allá de si la responsabilidad termina recayendo en un buque privado, en una emanación natural o en instalaciones asociadas a Pemex, el episodio ya dejó una señal preocupante: la crisis ambiental se convirtió en una prueba de transparencia institucional, de capacidad de respuesta y de credibilidad para la política energética mexicana. La pregunta de fondo ya no es solo quién provocó el derrame, sino por qué, semanas después, el país sigue atrapado entre versiones encontradas mientras comunidades costeras, ecosistemas y la imagen del sector petrolero cargan con el costo de la incertidumbre.
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